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EXAMEN AYUDANTES IIPP AÑO 2011

 

 

 

1.- El artículo 6 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, regula los derechos del voluntario. No se encuentra entre los mismos:

A) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades.

B) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación.

C) Que la organización a que pertenezca respete los derechos de los beneficiarios de la actividad voluntaria.

D) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de aquélla.

 

2.- En el ámbito de la función pública, el permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de:

A) 20 días hábiles.

B) 15 días naturales.

C) 20 días naturales.

D) 15 días hábiles.

 

3.- Con relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señale cada cuántos años tendrá lugar una renovación parcial del Tribunal General y si los miembros salientes podrán ser nuevamente designados:

A) Cada seis años y sí podrán ser nuevamente designados.

B) Cada tres años y no podrán ser nuevamente designados.

C) Cada tres años y sí podrán ser nuevamente designados.

D) Cada seis años y no podrán ser nuevamente designados.

 

4.- Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución Española corresponde:

A) Al Presidente del Gobierno.

B) Al Rey.

C) A las Cortes Generales.

D) Al Consejo de Ministros.

 

5.- En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se considera “discriminación indirecta por razón de sexo”:

A) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.

B) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

C) Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

D) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo.

6.- Con carácter general, el tiempo en que un funcionario de carrera permanece en la situación de servicios especiales se le computará a efectos de:

A) Reconocimiento de grado personal, servicios previos y derechos pasivos.

B) Exclusivamente se le reconoce a efectos de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

C) Ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación.

D) No se le computa a ningún efecto, ya que percibe sus retribuciones por el puesto o cargo que desempeña en servicios especiales.

 

7.- Según lo previsto en la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:

A) El Gobierno y la Administración autonómica de las provincias afectadas.

B) Las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.

C) El Gobierno autonómico, siempre que se trate de provincias situadas en la misma Comunidad Autónoma.

D) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

 

8.- Con respecto a grupos profesionales y áreas funcionales, en el III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, se recogen:

A) 4 grupos profesionales y 4 áreas funcionales.

B) 5 grupos profesionales y 5 áreas funcionales.

C) 5 grupos profesionales y 3 áreas funcionales.

D) 3 grupos profesionales y 5 áreas funcionales.

 

9.- Los actos administrativos:

A) Se producirán siempre de forma escrita.

B) Se producirán de forma escrita, pero sólo cuando lo exija una disposición legal o reglamentaria expresa.

C) Se producirán de forma escrita o verbal, a criterio del órgano administrativo que lo dicte.

D) Se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

 

10.- Las Leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey en el plazo de:

A) 1 mes.

B) 20 días.

C) 15 días.

D) 30 días.

 

11.- No es competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocer:

A) En única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.

B) En única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

C) De los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales.

D) En única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con la prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión.

 

12.- Las quejas formuladas por los administrados conforme a lo previsto en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, ¿cuándo tienen la calificación de recurso administrativo?:

A) En ningún caso, ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente.

B) Siempre y su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente.

C) En determinados casos, dependiendo del tipo de materia a que se refiera.

D) Sólo cuando las quejas se refieran a procedimientos administrativos.

 

13.- Conforme a lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, una de las siguientes funciones no es propia de una oficina de registro:

A) La realización de cotejos y expedición de copias compulsadas de documentos originales aportados por los interesados.

B) La anotación de asientos de entrada o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones.

C) La expedición de copias simples de documentos originales aportados por los interesados.

D) La expedición de recibos de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.

 

14.- Con respecto a las quejas anónimas y aquéllas otras en las que se advierta mala fe, el Defensor del Pueblo:

A) No podrá rechazarlas en ningún caso.

B) Rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquéllas en las que se advierta mala fe.

C) Rechazará las quejas en las que se advierta mala fe y podrá rechazar las anónimas.

D) Rechazará ambas en todo caso.

 

15.- El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada del Gobierno deberá especificar determinadas cuestiones. No está recogida entre ellas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

A) La forma de adopción de acuerdos.

B) El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma.

C) Las funciones que se atribuyen a la Comisión.

D) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.

 

16.- Una de las siguientes unidades no está integrada en la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior:

A) La Subdirección General de Estudios y Relaciones Institucionales.

B) La Vicesecretaría General Técnica.

C) La Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones.

D) La Subdirección General de Recursos.

17.- En el caso de un acto administrativo expreso, indique qué plazo tiene el interesado para interponer un recurso potestativo de reposición y qué plazo tiene el órgano administrativo competente para dictar y notificar la resolución del mismo recurso:

A) Un mes y tres meses, respectivamente.

B) Un mes y un mes, respectivamente.

C) Tres meses y un mes, respectivamente.

D) Tres meses y tres meses, respectivamente.

 

18.- Una de las modalidades de carrera profesional que establece el artículo 16.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público es la denominada “carrera horizontal”; ¿en que consiste?:

A) En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V del propio Estatuto Básico.

B) En la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 del Estatuto Básico.

C) En el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del mismo Estatuto Básico.

D) En el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto Básico.

 

19.- Las sanciones impuestas a funcionarios públicos por faltas leves prescribirán:

A) A los 6 meses, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

B) Al año, desde que la falta se hubiera cometido.

C) Al año, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

D) A los dos años cuando se trate de faltas continuadas.

 

20.- El Fiscal General del Estado será nombrado por:

A) El Gobierno, a propuesta del Consejo Fiscal, oído el Consejo General del Poder Judicial.

B) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo Fiscal.

C) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General de Poder Judicial.

D) El Rey, a propuesta del Gobierno, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

 

21.- No es admisible el recurso contencioso-administrativo:

A) Contra la inactividad de la Administración.

B) Respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes.

C) Contra las actuaciones materiales de la Administración que constituya vía de hecho.

D) Contra los actos que se produzcan en aplicación de disposiciones de carácter general.

 

22.- Según lo previsto en la Constitución Española, las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán:

A) Exclusivamente de tributos propios y de participación en los del Estado.

B) Exclusivamente de tributos propios y de participación en los de las Comunidades Autónomas.

C) Exclusivamente de tributos propios.

D) Fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

23.- Una de las causas de pérdida de la condición de funcionario es la jubilación total del mismo. ¿Qué órgano administrativo es el competente para conceder la jubilación voluntaria del personal funcionario perteneciente a los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias?:

A) La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, por delegación del Secretario de Estado de Seguridad.

B) El Director General de Recursos, por delegación de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

C) El Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, por delegación del Subsecretario de Interior.

D) El Subdirector General de Recursos Humanos y Procedimientos de Personal de la Dirección General de la Función Pública.

 

24.- Según lo establecido en el Reglamento Penitenciario de 1981, los documentos que se reciban y deban quedar en la Oficina de Dirección de un Establecimiento Penitenciario sin trámite interior:

A) Se archivarán por anualidades, siguiendo el orden de asuntos que determine la Dirección del propio Establecimiento.

B) Se archivarán por orden alfabético, según las Autoridades de las que procedan.

C) Se archivarán por anualidades, habiendo un legajo diferente para cada una de las Autoridades de quienes procedan.

D) Se archivarán por orden cronológico, siguiendo el número del registro de entrada de documentos en el Establecimiento Penitenciario.

 

25.- En la organización central de la Administración General del Estado, indique cuál de los siguientes son órganos superiores:

A) Los Secretarios Generales.

B) Los Secretarios Generales Técnicos.

C) Los Directores Generales.

D) Los Secretarios de Estado.

 

26.- Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Contra un auto que resuelva acerca de la aclaración, ¿cabe algún recurso?; en su caso, ¿en qué plazo puede interponerse?:

A) Si, y se puede interponer en el plazo de 15 días.

B) Si, y se puede interponer en el plazo de 10 días.

C) No, no cabe recurso alguno.

D) Si, y se puede interponer en el plazo de 20 días.

 

27.- El Director General de Gestión de Recursos de Instituciones Penitenciarias, por delegación del Subsecretario de Interior, en materia de personal, tiene delegada una de las siguientes facultades:

A) Acordar las comisiones de servicio reguladas en el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/ 1995, de 10 de marzo, relativas a puestos de trabajo a cubrir mediante concurso.

B) Acordar las comisiones de servicio previstas en el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/ 1995, de 10 de marzo, relativas a los puestos de trabajo de libre designación.

C) Diferir el cese por necesidades del servicio.

D) El reconocimiento de servicios previos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

 

28.- El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no excederá de ________, más el Presidente. La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de ____ diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de _________ escaños. Señale las cifras que corresponden a los espacios en blanco:

A) Setecientos cincuenta representantes, cuatro diputados y noventa y seis escaños.

B) Setecientos cincuenta representantes, seis diputados y noventa y seis escaños.

C) Seiscientos cincuenta representantes, seis diputados y noventa y seis escaños.

D) Ochocientos cincuenta representantes, cinco diputados y noventa y cinco escaños.

 

29.- En la hoja de cálculo Excel, la unidad básica de trabajo se denomina:

A) Rango.

B) Hoja activa.

C) Barra de título.

D) Celda.

 

30.- A tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de:

A) Tres meses, a contar desde la fecha de su presentación.

B) Dos meses, a contar desde la fecha de su presentación.

C) Dos meses, a contar desde la fecha de entrada de la petición en el registro del órgano competente para resolver.

D) Un mes, a contar desde la fecha de su presentación.

 

31.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento administrativo, ¿suspenden la tramitación del mismo?:

A) No, en ningún caso.

B) No, salvo la recusación.

C) Sólo si se refieren a la nulidad de actuaciones.

D) Si, en todo caso.

 

32.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el ámbito de los criterios de actuación de las Administraciones públicas, impone una serie de deberes a estas en su artículo 51. No se encuentra entre los mismos:

A) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

B) Reservar en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación al menos un 35% de las plazas para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos.

C) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

D) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.

 

33.- Las organizaciones privadas responderán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus programas, como consecuencia de la realización de actuaciones de voluntariado:

A) De acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título XVI del Libro IV del Código Civil.

B) De conformidad con lo previsto en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

C) De acuerdo con lo establecido en el Título IV de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.

D) De conformidad con lo que resuelva en cada caso la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

34.- La rehabilitación de la condición de funcionario de quien la hubiera perdido por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación podrá concederse:

A) Con carácter general en todos los casos que lo solicite el funcionario, pero siempre que haya cumplido la pena principal de inhabilitación.

B) Con carácter excepcional, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.

C) Cuando la pena de inhabilitación no sea superior a dos años.

D) Cuando la pena de inhabilitación no sea superior a tres años.

 

35.- En el ámbito de la Administración del Estado, la preparación para el acceso a la función pública, que implica en todo caso incompatibilidad para formar parte de órganos de selección de personal, sólo se considerará actividad exceptuada del régimen de incompatibilidades cuando no suponga una dedicación superior a:

A) Setenta y cinco horas anuales y no pueda implicar incumplimiento del horario de trabajo.

B) Noventa y cinco horas anuales y no pueda implicar incumplimiento del horario de trabajo.

C) Ochenta y cinco horas anuales y no pueda implicar incumplimiento del horario de trabajo.

D) Un tercio de la duración de la jornada del funcionario, computada en términos mensuales.

 

36.- El III Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado establece varias áreas funcionales. Una de las siguientes no está incluida dentro de ellas:

A) Actividades específicas.

B) Actividades generales.

C) Gestión y servicios comunes.

D) Técnica y profesional.

 

37.- En el ámbito de la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno, si la acusación fuere por traición:

A) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de las tres quintas partes de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

B) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

C) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y del Senado, y con la aprobación de la mayoría absoluta de ambas cámaras.

D) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría simple del mismo.

 

38.- Corresponde el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años:

A) Al Juez de lo Penal, en todo caso.

B) Al Juez de lo Penal, excepto si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado.

C) Al Juez de Instrucción.

D) A la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido.

 

39.- Cuando se habla de Derecho Penal objetivo, se hace referencia:

A) Al poder punitivo del Estado.

B) A una parte del Derecho Privado.

C) Tanto al ius puniendi del Estado como a un conjunto de normas jurídicas.

D) A un conjunto de normas jurídicas.

 

40.- Con respecto a las garantías penales y a la aplicación de la ley penal, una de las siguientes afirmaciones no es correcta:

A) Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

B) El Juez o Tribunal podrá suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria.

C) A los efectos de determinar la Ley penal aplicable en el tiempo, los delitos y faltas se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar.

D) No hay pena sin culpa o imprudencia.

 

41.- ¿Qué pena corresponde, según lo previsto en el Código Penal, a un delito de asesinato que se ha ejecutado por precio y con ensañamiento?:

A) La de prisión de veinte a veinticinco años.

B) La de prisión de diez a quince años.

C) La de prisión de quince a veinte años.

D) La de prisión de veinticinco a treinta años.

 

42.- Comete un delito de extorsión:

A) El que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena.

B) El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado.

C) El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.

D) El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

43.- El funcionario de Instituciones Penitenciarias que, con referencia a un informe sobre un incidente acaecido en el Centro Penitenciario en el que trabaja, falta a la verdad en la narración de los hechos, ¿comete un delito de falsedad?:

A) Sí, comete un delito previsto en el artículo 390 del Código Penal.

B) No, sólo lo cometería si altera el informe en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

C) No, sólo lo cometería suponiendo en el incidente la intervención de personas que no la han tenido.

D) No, la indicada en la pregunta es una acción atípica.

 

44.- Los sentenciados que quebranten su condena podrán ser castigados con la pena de prisión de hasta cuatro años:

A) En todo caso, si estuvieren privados de libertad.

B) Si se encuentran en situación de libertad vigilada.

C) Si se fugan del lugar donde estén recluidos haciendo uso de fuerza en las cosas.

D) Únicamente si se fugan del lugar donde estén recluidos haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o tomando parte en un motín.

 

45.- Las actuaciones judiciales relativas a los delitos enjuiciados por el procedimiento abreviado se registrarán como:

A) Sumario.

B) Diligencias previas.

C) Diligencias preparatorias.

D) Diligencias urgentes.

 

46.- En el ámbito de la responsabilidad criminal, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

A) Son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los cómplices.

B) En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos responderán criminalmente los cómplices y quienes los hubieren favorecido personal o realmente.

C) También serán considerados autores los que inducen directamente a otro u otros a ejecutar el hecho.

D) Son cómplices los que, sin ser autores ni estar considerados como tales, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

 

47.- Una de las siguientes no es una pena menos grave:

A) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

B) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.

C) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

D) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.

 

48.- Cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10, los delitos prescriben:

A) A los cinco años.

B) A los veinte años.

C) A los diez años.

D) A los quince años.

49.- Quedará exento de pena por el delito de cohecho, según lo previsto en el artículo 426 del Código Penal:

A) El funcionario que habiendo recibido retribución de un particular para realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo denuncie el hecho a la autoridad.

B) El particular que habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva realizada por el funcionario, denunciare el hecho en cualquier momento del procedimiento.

C) El particular que habiendo accedido a la solicitud de retribución por funcionario, denunciare el hecho a la autoridad que deba perseguirlo, siempre que no hayan transcurrido más de tres meses desde la fecha de los hechos.

D) El particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva realizada por un funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento y al mes de ocurridos los hechos.

 

50.- La prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito es una pena aplicable a las personas jurídicas. Si la prohibición fuese temporal, el plazo no podrá exceder de:

A) Cinco años.

B) Esa prohibición nunca puede ser temporal, sólo definitiva.

C) Díez años.

D) Quince años.

 

 

51.- ¿Cuándo puede hablarse de alevosía?:

A) Cuando se aumenta deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima.

B) Cuando el culpable comete cualquier delito empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.

C) Cuando se causan males o padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.

D) Cuando se comete un delito contra las personas empleando en la ejecución un medio que tienda especialmente a asegurarla, sin el riesgo para la persona del culpable que pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.

 

52.- El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces, comete un delito contemplado en el Código Penal en el Capítulo dedicado a los de:

A) Exhibicionismo y provocación sexual.

B) Acoso sexual.

C) Abusos sexuales.

D) Agresiones sexuales.

 

53.- No procede el recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra:

A) Las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única instancia.

B) Las sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia.

C) Los autos dictados, bien en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, bien con carácter definitivo por las Audiencias.

D) Las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en segunda instancia.

54.- Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero, serán considerados reos de un delito de:

A) Apropiación indebida.

B) Estafa.

C) Robo con fuerza en las cosas.

D) Hurto.

 

55.- Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo, estamos en presencia de:

A) La inducción a delinquir.

B) La provocación para delinquir.

C) La proposición para delinquir.

D) La conspiración para delinquir.

 

56.- El principio de legalidad en el ámbito penal está contemplado específicamente en la Constitución Española:

A) En el artículo 25.1.

B) En el artículo 17.1.

C) En el artículo 25.2.

D) En el artículo 9.3.

 

57.- ¿Incurre en un delito de denegación de auxilio tipificado en el artículo 412 del Código Penal el funcionario que se abstuviera de prestarlo a requerimiento de un particular?:

A) Sólo si está obligado a prestarlo por razón de su cargo y para evitar un delito contra la vida de las personas.

B) Sólo si está obligado a prestarlo por razón de su cargo y para evitar un delito contra la vida, integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas.

C) Si, aunque no esté obligado a prestarlo por razón de su cargo, siempre que se trate de evitar un delito contra las personas.

D) Sólo si está obligado a prestarlo por razón de su cargo y para evitar un delito u otro mal.

 

58.- El funcionario de Instituciones Penitenciarias que comete un delito de tortura, atentando gravemente contra la integridad moral de un interno, será castigado:

A) Sólo con la pena de prisión de uno a tres años.

B) Con la pena de prisión de dos a seis años y con la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años.

C) Sólo con la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años.

D) Sólo con la pena de prisión de dos a seis años.

 

59.- En el denominado procedimiento ordinario, procederá el sobreseimiento libre:

A) Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.

B) Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.

C) Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.

D) Cuando aparezcan indicios racionales de exención de responsabilidad criminal con respecto a los procesados como autores.

60.- El que legítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial:

A) Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

B) No comete delito alguno.

C) Comete un delito de intrusismo.

D) Comete un delito de usurpación de funciones públicas.

 

61.- Salvo que se aprecien razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España, las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español. En estos casos, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de:

A) Cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión.

B) Tres a cinco años, contados desde la fecha de comisión de los hechos.

C) Cinco a diez años, contados desde la fecha de comisión de los hechos.

D) Tres a cinco años, contados desde la fecha de su expulsión.

 

62.- El artículo 148 del Código Penal contiene una serie de circunstancias que agravan las lesiones, atendiendo al resultado causado o al riesgo producido. No se encuentra entre las mismas:

A) Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.

B) Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

C) Si hubiese mediado precio, recompensa o promesa.

D) Si la víctima fuere menor de doce años o incapaz.

 

63.- Uno de los siguientes motivos no está previsto entre los recogidos para interponer un recurso de casación por quebrantamiento de forma:

A) Cuando el Presidente del Tribunal se niegue a que un testigo conteste, ya en audiencia pública, ya en alguna diligencia que se practique fuera de ella, a la pregunta o preguntas que se le dirijan siendo pertinentes y de manifiesta influencia en la causa.

B) Cuando el Tribunal haya decidido no suspender el juicio para los procesados comparecidos, en el caso de no haber concurrido algún acusado, siempre que hubiere causa fundada que se oponga a juzgarles con independencia y no haya recaído declaración de rebeldía.

C) Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

D) Cuando en la sentencia sólo se exprese que los hechos alegados por las acusaciones no se han probado, sin hacer expresa relación de los que resultaren probados.

 

64.- En el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está previsto que cualquier persona puede detener en determinados casos. No está recogido en ese artículo que cualquiera pueda detener:

A) Al delincuente infraganti.

B) Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código Penal pena superior a cuatro años de prisión.

C) Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.

D) Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

65.- En el Código Penal, entre los delitos de usurpación de atribuciones no está prevista la acción de:

A) La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo.

B) El Juez o Magistrado que se arrogare atribuciones administrativas de las que careciere, o impidiere su legítimo ejercicio por quien las ostentare.

C) La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales.

D) La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución.

 

66.- Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de:

A) Multa de ocho a doce meses.

B) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

C) Multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

D) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

 

67.- Las medidas de seguridad se fundamentan:

A) En la peligrosidad social del sujeto al que se impongan.

B) En la posibilidad de que el sujeto al que se impongan incurra en la comisión de un hecho previsto como delito.

C) En la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.

D) En la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, aunque no se exteriorice en la comisión de un hecho previsto como delito.

 

68.- Una pena de prisión de dieciocho meses impuesta a un reo no habitual, ¿por qué pena o penas se puede sustituir si concurren las circunstancias contempladas en el Código Penal?:

A) Por localización permanente y trabajos en beneficio de la comunidad.

B) Por multa o por multa y trabajos en beneficio de la comunidad.

C) Sólo por multa y trabajos en beneficio de la comunidad.

D) Por multa y localización permanente

 

69.- El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad:

A) No comete infracción penal alguna.

B) Sólo comete un delito si resultase grave daño para la causa pública o para tercero.

C) Comete una falta contra los intereses generales.

D) Será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado.

70.- Los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas, son reos de un delito de:

A) Atentado.

B) Desobediencia

C) Resistencia.

D) Desórdenes públicos.

 

71.- La provocación para cometer un delito de detención ilegal, ¿es punible?; en su caso, ¿qué pena le corresponde?:

A) No es punible porque no está prevista expresamente en la Ley.

B) Si, y le corresponde la pena inferior en uno o dos grados a la señalada al delito de que se trate.

C) Si, y le corresponde la misma pena que la señalada para el delito de que se trate.

D) Si, y le corresponde siempre la pena inferior en un grado a la señalada al delito de que se trate.

 

72.- ¿Puede ser un particular sujeto activo de un delito de falsedad en documento público, oficial o mercantil?:

A) No, sólo pueden serlo los funcionarios públicos

B) Si, pero sólo si ejerce de jurado, árbitro o perito.

C) Si, pero sólo si, de alguna forma, participa en el ejercicio de funciones públicas.

D) Si, puede serlo.

 

73.- En el régimen disciplinario penitenciario, en el ámbito del concurso de infracciones, se denomina “concurso ideal”:

A) Cuando concurren dos o más faltas en un mismo expediente.

B) Cuando concurren una pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo o semejante precepto.

C) Cuando un mismo hecho sea constitutivo de dos o más faltas.

D) Cuando el cumplimiento de las sanciones que correspondan a las diversas infracciones puedan cumplirse simultáneamente

 

74.- La planificación, organización y control del trabajo desarrollado por los internos en los talleres penitenciarios corresponde:

A) A la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

B) Al Director del establecimiento penitenciario y al personal encargado de realizar las funciones de dirección y gestión de los talleres.

C) Al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente.

D) Al Director General de Gestión de Recursos.

 

75.- La Instrucción 11/2007, de 20 de junio, de la entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias, pretende instaurar un modelo de gestión unificada, aunando las tareas de las denominadas oficinas de régimen y de tratamiento, que se distribuirán siguiendo unos criterios específicos. Señale el incorrecto:

A) Existirá un único expediente por interno, integrado por el expediente y protocolo penitenciario.

B) Cada funcionario se hará cargo de un número determinado de expedientes, con los que trabajará en su integridad, realizando todas las anotaciones y tareas que se deriven desde el ingreso del interno en prisión hasta su libertad definitiva.

C) El reparto de expedientes se hará distinguiendo las diferentes situaciones judiciales o penitenciarias de los internos (preventivos, penados, extranjeros, varones, mujeres, FIES, grados de clasificación, permisos u otras).

D) Para una mejor organización de la oficina, aquéllos centros que lo consideren, podrán formar subgrupos dentro de la misma, integrados por tres o cuatro funcionarios, quienes se organizarán en el reparto de tareas, en los casos de ausencias, vacaciones, permisos, etc.

 

76.- Además de la notificación prevista en el artículo 26 del Reglamento Penitenciario, el propio Reglamento, en el artículo 27, recoge que la fecha previsible de extinción de la condena en los supuestos legales de sustitución de la pena por medida de expulsión de territorio nacional y, en todo caso, cuando se trate de penados extranjeros que extingan condenas inferiores a seis años de privación de libertad, también se notificará:

A) Al Juez de Vigilancia.

B) Al Ministerio Fiscal.

C) A la Delegación de Gobierno correspondiente.

D) Al Juez o Tribunal sentenciador.

 

77.- Del cambio de destino de una interna ingresada en una Unidad Dependiente:

A) Se dará cuenta al Centro Directivo por el Director del Establecimiento.

B) Se dará cuenta al Centro Directivo por la Junta de Tratamiento.

C) Se dará cuenta al Juez de Vigilancia por el Director del Establecimiento.

D) Se dará cuenta al Juez de Vigilancia por la Junta de Tratamiento.

 

78.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 317 del Reglamento Penitenciario, el dinero que les sea intervenido a los internos en el momento del ingreso en un Establecimiento Penitenciario será custodiado por el Administrador. Según lo establecido en el propio Reglamento, ¿quién asumirá esa custodia en el supuesto de que este funcionario esté enfermo y por el órgano competente para su nombramiento no se haya designado suplente?:

A) El Subdirector de Seguridad.

B) El Jefe de Oficinas de servicio en la de Administración.

C) El Jefe de Servicios más antiguo en el puesto.

D) El funcionario que el Director haya designado mediante resolución expresa, de entre los destinados en el Establecimiento.

 

79.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, entre las atribuciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria no figura:

A) Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.

B) Resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar la pena impuesta con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos.

C) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de catorce días.

D) Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.

 

80.- La relación laboral especial penitenciaria no se extinguirá:

A) Por la excarcelación del trabajador penitenciario.

B) Por la incapacidad temporal del trabajador penitenciario.

C) Por contratación con empresas del exterior en el caso de internos clasificados en tercer grado.

D) Por razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.

81.- Cuando un interno presente un escrito de queja dirigido al Juez de Vigilancia Penitenciaria, ante cualquier oficina de Registro de la Administración Penitenciaria:

A) Debe remitirse sin dilación y, en todo caso, en el plazo máximo de cinco días, al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.

B) Debe remitirse sin dilación y, en todo caso, en el plazo máximo de tres días, al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.

C) Debe remitirse sin dilación, en el plazo más breve posible, al Juez de Vigilancia Penitenciaria, sin que en el Reglamento Penitenciario se establezca un plazo máximo.

D) Debe remitirse, en todo caso, en el plazo máximo de diez días al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

 

82.- Las unidades administrativas multidisciplinares dependientes de la Administración penitenciaria que tienen encomendado la tarea de ejecución de las medidas y penas alternativas a la privación de libertad, son:

A) Servicios Sociales Penitenciarios.

B) Los propios Equipos Técnicos de los Establecimientos Penitenciarios.

C) Comisiones técnicas de apoyo y seguimiento.

D) Servicios de gestión de penas y medidas alternativas.

 

83.- Entre las funciones del Director de un Centro Penitenciario, no se encuentra:

A) Adoptar las medidas regimentales urgentes necesarias para prevenir y, en su caso, resolver cualquier alteración individual o colectiva del orden en el centro, dando cuenta inmediatamente al Centro Directivo.

B) Supervisar los libros de contabilidad, autorizar los pagos de caj a y la extracción de fondos del Banco.

C) Acordar la ejecución inmediata de las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves en las condiciones establecidas en el Reglamento Penitenciario.

D) Adoptar, ante hechos o actuaciones de los internos que se presuman faltas disciplinarias, las medidas cautelares que procedan hasta que recaiga acuerdo definitivo.

 

84.- ¿En qué año entraron en funcionamiento los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria?

A) 1979.

B) 1981.

C) 1983.

D) 1982.

 

85.- Las Reglas Penitenciarias Europeas -Recomendación Rec (2006) 2 del Comité de Ministros de los Estados Miembros-, determinan, en su apartado 11.1, que los menores no deben estar internados en prisiones para adultos; ¿qué edad es la que se menciona para identificar a ese colectivo?:

A) 16 años.

B) 21 años.

C) 18 años.

D) 17 años.

 

86.- Uno de los siguientes deberes de los internos no está previsto expresamente en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria:

A) Observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento.

B) Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la Administración Penitenciaria para el buen orden y limpieza de los Establecimientos.

C) Mantener una normal actitud de respeto y consideración con los funcionarios de instituciones penitenciarias y autoridades judiciales o de otro orden, tanto dentro de los establecimientos penitenciarios como fuera de ellos con ocasión de traslado, conducciones o prácticas de diligencias.

D) Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que hubiere decretado su internamiento o para cumplir las condenas que se les impongan, hasta el momento de su liberación.

 

87.- Una de las siguientes no está prevista en el artículo 65.1 del Reglamento Penitenciario como actuación encaminada a garantizar la seguridad interior de los Establecimientos Penitenciarios:

A) Los cambios de celda.

B) La asignación adecuada de destinos.

C) Las rondas nocturnas.

D) Los controles.

 

88.- Cuando antes de iniciarse el disfrute de un permiso ordinario o extraordinario, se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión:

A) La Dirección del Centro suspenderá motivadamente con carácter provisional el permiso, poniéndose en conocimiento de la Autoridad administrativa o judicial competente la suspensión para que resuelva lo que proceda.

B) El Centro Directivo suspenderá provisionalmente el permiso, poniéndose tal decisión en conocimiento de la Autoridad competente para que resuelva lo que proceda.

C) La Dirección del Centro podrá suspender motivadamente con carácter provisional el permiso, poniéndose en conocimiento de la Autoridad administrativa o judicial competente la suspensión para que resuelva lo que proceda.

D) La Junta de Tratamiento podrá suspender motivadamente con carácter provisional el permiso, poniéndose en conocimiento del Director del Establecimiento la suspensión para que resuelva lo que proceda.

 

89.- En el Título XI, Capitulo II, del Reglamento Penitenciario se regula la composición y funciones del Consejo de Dirección. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al Secretario del Consejo de Dirección:

A) Será uno de los miembros del Consejo de Dirección, designado por el Director, que actuará con voz y voto.

B) Será un funcionario del Establecimiento designado por el Director, que actuará con voz y voto.

C) Será un funcionario del Establecimiento designado por el Consejo de Dirección, que actuará con voz y sin voto.

D) Remitirá al Centro Directivo mensualmente copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior.

 

90.- Todas las Unidades Dependientes contarán con unas normas de funcionamiento interno. Tales normas se fijarán:

A) Por la Junta de Tratamiento, de forma coordinada con la Institución no penitenciaria que corresponda, y deberán obtener la aprobación del Centro Directivo.

B) Por el Equipo de Tratamiento, de forma coordinada con la Institución no penitenciaria que corresponda, y deberán obtener la aprobación del Consejo de Dirección del Centro Penitenciario.

C) Por la Junta de Tratamiento, y deberán obtener la aprobación del Centro Directivo.

D) Por los responsables de la Unidad y deberán obtener la aprobación del Consejo de Dirección del Centro Penitenciario, previo informe de la Junta de Tratamiento.

 

91.- En relación al tratamiento penitenciario, el Reglamento Penitenciario:

A) Opta por una concepción estricta basada en las ciencias de la conducta desde una perspectiva terapéutico-asistencial.

B) Opta por una concepción amplia del tratamiento que no sólo incluye actividades terapéutico-asistenciales, sino también las actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas.

C) Se orienta fundamentalmente a las actividades terapéuticas y asistenciales.

D) No considera incluidas, dentro de su concepción del tratamiento, las actividades recreativas.

 

92.- ¿Qué resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado se notificarán, junto con el informe de la Junta de Tratamiento, al Ministerio Fiscal?:

A) Únicamente las efectuadas por acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento, conforme lo previsto en el artículo 103.7 del Reglamento Penitenciario.

B) Sólo las resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado adoptadas por el Centro Directivo.

C) Exclusivamente las adoptadas por el Centro Directivo en contra de la decisión unánime de la Junta de Tratamiento.

D) Todas las adoptadas por el Centro Directivo o por acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento, según lo previsto en el artículo 103.7 del Reglamento Penitenciario.

 

93.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Reglamento Penitenciario, el movimiento de fondos de las cuentas bancarias abiertas a nombre de los Establecimientos Penitenciarios requerirá:

A) El cumplimiento de la normativa dictada por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, exigiéndose, en todo caso, la firma mancomunada del Director y del Administrador del Establecimiento o, en su caso, del suplente de uno u otro.

B) El cumplimiento de la normativa dictada por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, exigiéndose, la firma mancomunada del Administrador y el visto bueno del Director del Establecimiento.

C) El cumplimiento de la normativa dictada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, exigiéndose, en todo caso, la firma mancomunada del Director y del Administrador del Establecimiento o, en su caso, del suplente de uno u otro.

D) El cumplimiento de la normativa dictada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, exigiéndose la firma del Administrador del Establecimiento o, en su caso, de su suplente.

94.- El primer objetivo del Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Reglamento Penitenciario, es regular determinados procedimientos de seguridad. Esta regulación vino motivada porque:

A) La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2009 declaró la nulidad de pleno derecho de la totalidad de la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

B) La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2009 declaró la nulidad de pleno derecho del apartado primero de la Instrucción 6/2006, de 22 febrero, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

C) La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2009 declaró la nulidad de pleno derecho del apartado primero de la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

D) La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2009 declaró la nulidad de pleno derecho de la totalidad de la Instrucción 6/2006, de 22 de febrero, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

 

95.- La implantación generalizada en España del denominado sistema progresivo de ejecución de las penas se produjo por:

A) El Real Decreto de 23 de diciembre de 1889.

B) El Real Decreto de 23 de junio de 1881.

C) El Real Decreto de 5 de mayo de 1913

D) El Real Decreto de 3 de junio de 1901.

 

96.- Si los fondos de peculio son gestionados por la Administración penitenciaria, los intereses que genere la cuenta fondo de peculio:

A) Se ingresarán en el Tesoro Público para su posterior incorporación, mediante generaciones de crédito, a aquellos conceptos presupuestarios del presupuesto de gastos de la Administración penitenciaria que mejor contribuyan al cumplimiento de los fines de la actividad penitenciaria establecidos en el artículo 2 del Reglamento Penitenciario.

B) Se ingresarán en el Tesoro Público para su posterior incorporación, mediante generaciones de crédito, a aquellos conceptos presupuestarios del presupuesto de gastos de la Administración penitenciaria que mejor contribuyan al cumplimiento de los principios de la actividad penitenciaria establecidos en el artículo 3 del Reglamento Penitenciario.

C) Una vez descontados los gastos generados, según la normativa aplicable a dichas cuentas, se repercutirán sobre las mismas, conforme a lo establecido reglamentariamente.

D) Una vez descontados los gastos generados, según la normativa aplicable a dichas cuentas, se repercutirán sobre las mismas, conforme a lo establecido por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

 

97.- “El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados”. Esa definición:

A) Ha sido elaborada por la doctrina y no se encuentra recogida en la legislación penitenciaria.

B) Está recogida tanto en la Ley Orgánica General Penitenciaria como en el Reglamento Penitenciario.

C) Está recogida únicamente en el Reglamento Penitenciario.

D) Está recogida únicamente en la Ley Orgánica General Penitenciaria.

98.- De conformidad con lo previsto en el artículo 95.3 del Reglamento Penitenciario, mediando motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, el traslado del penado a un Establecimiento de régimen cerrado podrá acordarse por el Centro Directivo:

A) Siempre que se haya producido una propuesta de clasificación en primer grado, sin más requisitos relativos a la resolución clasificatoria.

B) Aunque no se haya producido propuesta de clasificación en primer grado, que, en todo caso, deberá efectuarse dentro de los catorce días siguientes, dando cuenta inmediatamente del traslado al Fiscal de Vigilancia Penitenciaria.

C) Aunque no se haya producido resolución clasificatoria en primer grado, que, en todo caso, deberá efectuarse dentro de los diez siguientes, dando cuenta inmediatamente del traslado al Juez o Tribunal sentenciador.

D) Aunque no se haya producido resolución clasificatoria en primer grado, que, en todo caso, deberá efectuarse dentro de los catorce días siguientes, dando cuenta inmediatamente del traslado al Juez de Vigilancia.

 

99.- El artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria determina que la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna en base a las condiciones o circunstancias que menciona. Indique cuál de las siguientes no está expresamente recogida:

A) La raza.

B) El sexo.

C) Las opiniones políticas.

D) La condición social.

 

100.- Según lo previsto en el artículo 65.2 del Reglamento Penitenciario, la intensidad de las medidas encaminadas a garantizar la seguridad interior de los Establecimientos se ajustará a la potencial peligrosidad de los internos a que se apliquen. Entre los grupos de internos mencionados en ese precepto no se encuentran:

A) Los que manifiesten una inadaptación manifiesta y grave.

B) Los pertenecientes a grupos terroristas.

C) Los de delincuencia organizada.

D) Los de peligrosidad extrema.

 

101.- Dentro de los principios aplicables a la potestad sancionadora de la Administración contenidos en el Capítulo I del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los que se remite el artículo 232 del Reglamento Penitenciario, no se encuentra:

A) Principio de tipicidad.

B) Principio de presunción de inocencia.

C) Principio de proporcionalidad.

D) Principio de legalidad.

102.- Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de régimen abierto serán:

A) Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.

B) Elaboradas por el Equipo Técnico y aprobadas por la Junta de Tratamiento, debiendo ser remitidas al Centro Directivo.

C) Elaboradas por el Equipo Técnico y aprobadas por el Centro Directivo.

D) Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección.

 

103.- Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el momento de la excarcelación se deben entregar al liberado varias cosas. No se encuentra entre ellas:

A) Certificación de la cualificación profesional obtenida durante su reclusión.

B) Certificación de los estudios alcanzados durante su reclusión.

C) Medios económicos para llegar a su residencia, en caso necesario.

D) Medios económicos para subvenir a sus primeros gastos, en caso necesario.

 

104.- Según lo previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿quién debe informar a sus familiares del accidente grave sufrido por un interno?:

A) El Trabajador Social.

B) La Ley no recoge ninguna previsión con respecto a accidente grave, sólo alude a la defunción o enfermedad grave del interno.

C) El Director.

D) El funcionario o trabajador que el Director designe.

 

105.- Según lo previsto en el Reglamento Penitenciario, el régimen de visitas del menor en una Unidad de Madres:

A) Podrá restringirse de forma permanente por razones de orden y segundad del Establecimiento.

B) Podrá restringirse de forma permanente sólo por razones de seguridad del Establecimiento.

C) Podrá restringirse de forma permanente sólo por razones de orden del Establecimiento

D) Sólo podrá restringirse de forma transitoria por razones de orden y seguridad del Establecimiento.

 

106.- Según lo previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, los diagnósticos psiquiátricos que afecten a la situación penitenciaria de los internos deberán realizarse:

A) Por un especialista en psiquiatría, acompañándose en todo caso el informe de un Médico Forense y el del establecimiento.

B) Por un equipo técnico, integrado por un especialista en psiquiatría, un Médico Forense y el del establecimiento, acompañándose en todo caso informe del Equipo de Observación o de Tratamiento.

C) Por un equipo técnico integrado por un especialista en psiquiatría y un Médico Forense, acompañándose en todo caso informe del Equipo de Observación o de Tratamiento.

D) Por un equipo técnico integrado por un especialista en psiquiatría y el médico del establecimiento, acompañándose en todo caso informe del Equipo de Observación o de Tratamiento.

 

107.- Los penados que cumplen exclusivamente una pena de trabajo en beneficio de la comunidad:

A) Deben ser clasificados en tercer grado de tratamiento antes de iniciar la prestación comunitaria.

B) No deben ser clasificados en ningún grado de tratamiento.

C) Podrían cumplir la pena aún estando clasificados en segundo grado si se aplica el principio de flexibilidad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y así queda establecido en su modelo de ejecución.

D) Deben encontrarse ya en el periodo o grado de libertad condicional.

108.- En el Preámbulo de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se indican, a modo de resumen, sus rasgos más sobresalientes. No se encuentra entre ellos:

A) Sumisión general del régimen penitenciario a las exigencias del tratamiento científico de los internos.

B) Régimen disciplinario adaptado a las normas promulgadas en 1973 por el Consejo de Europa.

C) La concepción de la pena privativa de libertad como prevención general.

D) La importancia atribuida a la asistencia social durante el internamiento y pospenitenciaria.

 

109.- Con relación al denominado principio de flexibilidad, contemplado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, señale la respuesta incorrecta:

A) La adopción de la medida excepcional que el principio de flexibilidad implica necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia.

B) La adopción de la medida excepcional que el principio de flexibilidad implica deberá fundamentarse en un programa específico de tratamiento o en un modelo de intervención para preventivos que de otra forma no pueda ser ejecutado.

C) No se excluye de la aplicación de la medida que el principio de flexibilidad implica a los penados sujetos al régimen cerrado.

D) La adopción de la medida excepcional que el principio de flexibilidad implica es inmediatamente ejecutiva.

 

110.- Según lo previsto en el artículo 194 del Reglamento Penitenciario, la Junta de Tratamiento deberá iniciar la tramitación del correspondiente expediente de libertad condicional:

A) Con la antelación necesaria para que no sufra retraso la concesión de ese beneficio.

B) Cuando el penado haya cumplido las tres cuartas partes de la condena.

C) Cuando el penado haya cumplido las dos terceras partes de la condena.

D) Cuando el penado esté clasificado en tercer grado de tratamiento.

 

111.- La aplicación a los detenidos y presos de las normas previstas para los Establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado, según lo recogido en el artículo 96 del Reglamento Penitenciario:

A) Debe ser propuesta por la Junta de Tratamiento y aprobada por el Centro Directivo.

B) Debe ser propuesta por la Junta de Tratamiento y aprobada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

C) La pregunta está mal planteada porque el Reglamento no prevé que a los detenidos se les puedan aplicar las normas para los Establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado.

D) Debe ser propuesta por el Equipo Técnico, acordada por la Junta de Tratamiento y aprobada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

 

112.- A tenor de lo previsto en el Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el día 21 de marzo de 1983, en el caso de conversión de la condena se aplicará el procedimiento previsto por la legislación del Estado de cumplimiento. Al realizar la conversión, la autoridad competente deberá atenerse a determinadas condiciones. Una de las siguientes es errónea:

A) Deducirá íntegramente el período de privación de libertad cumplido por el condenado.

B) Quedará vinculada por la constatación de los hechos en la medida en que los mismos figuren explícita o implícitamente en la sentencia dictada en el Estado de condena.

C) Podrá convertir una sanción privativa de libertad en una sanción pecuniaria.

D) No agravará la situación penal del condenado y no quedará vinculada por la sanción mínima eventualmente prevista por la legislación del Estado de cumplimiento para la o las infracciones cometidas.

113.- Una de las principales novedades que trajo la reforma introducida en el Reglamento Penitenciario de 1981 por el Real Decreto 787/1984 fue con relación al régimen cerrado. La modificación supuso:

A) La desaparición de las dos clases de régimen cerrado, común y especial.

B) La introducción de la denominada modalidad A.

C) La introducción de la modalidad de vida de departamentos de régimen especial.

D) El desdoblamiento del régimen cerrado en dos modalidades de vida distintas.

 

114.- ¿Prevé la Ley Orgánica General Penitenciaria la posibilidad de que la comunicación de un interno con un Sacerdote, cuya presencia haya sido reclamada previamente, pueda ser intervenida?:

A) No, esa posibilidad solo está prevista en el Reglamento.

B) Si, pero sólo en los casos en que lo autorice la autoridad judicial.

C) Sí, pero con los mismos requisitos previstos para la intervención de comunicaciones con los Abogados defensores.

D) Si, en la forma que se establezca reglamentariamente.

 

115.- A tenor de lo previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, el fin primordial del régimen de los establecimientos de cumplimiento es:

A) Lograr en los mismos el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento.

B) Garantizar la seguridad.

C) Garantizar una adecuada convivencia.

D) Garantizar la seguridad y la consecución de una convivencia ordenada y pacífica.

 

116.- La colaboración de los internos en el tratamiento penitenciario con arreglo a las técnicas y métodos que les sean prescritos en función del diagnóstico individualizado:

A) Está prevista en los artículos 4.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 5.2 del Reglamento Penitenciario como un deber del interno.

B) Sólo está prevista, como deber del interno, en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria pero no en el artículo 5.2 del Reglamento Penitenciario.

C) Es algo que, según lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se procurará fomentar.

D) No está prevista en la Ley Orgánica General Penitenciaria ni como deber ni como algo que se debe fomentar.

117.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento Penitenciario, relativo a la concesión de permisos de salida, señale la respuesta incorrecta:

A) Cuando se trate de internos preventivos será necesaria, en todo caso, la autorización expresa de la Autoridad judicial a cuya disposición se encuentre el interno.

B) En los supuestos de urgencia, el permiso extraordinario será autorizado por el Director del Establecimiento, previa consulta, en todo caso, al Centro Directivo, y sin perjuicio de comunicar a la Junta de Tratamiento la autorización concedida.

C) Si la Junta de Tratamiento acuerda conceder el permiso solicitado por el interno, elevará dicho acuerdo, junto con el informe del Equipo Técnico, al Juez de Vigilancia o al Centro Directivo, según se trate de internos clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento, respectivamente, para la autorización correspondiente.

D) Los permisos ordinarios a penados de hasta dos días de duración serán autorizados por el Centro Directivo.

 

118.- Cuando sean desfavorables o negativos, ¿se podrán realizar en los establecimientos penitenciarios procedimientos tendentes a modificar el sistema de actitudes del interno?:

A) No, en ningún caso se podrán realizar procedimientos de ese tipo porque no se respetaría el “derecho del interno a ser diferente”.

B) Si, siempre que se realicen con absoluto respeto a su personalidad.

C) No, sólo está previsto que se realicen terapias de comportamiento.

D) No, sólo está previsto que se realicen sesiones de asesoramiento psicopedagógico y de psicoterapia de grupo.

 

119.- Las “Emociones” sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y son:

A) Experiencias sistémicas.

B) Experiencias objetivas.

C) Experiencias subjetivas.

D) Experiencias sensoriomotrices.

 

120.- En la teoría del condicionamiento operante, cualquier estímulo cuya eliminación después de una respuesta aumenta la probabilidad de esa respuesta, se denomina:

A) Reforzador negativo.

B) Castigo negativo.

C) Reforzamiento discriminativo.

D) Reforzador positivo.

121.- Con respecto a la “Observación”, como técnica de evaluación de la conducta humana, indique la respuesta incorrecta:

A) La observación natural puede definirse como aquella que se realiza en el ambiente ordinario en el que se desenvuelve el sujeto.

B) Los resultados procedentes de la observación en situaciones artificiales tienden a presentar mayor validez interna.

C) No se considera como problema de la observación, que los sujetos observados puedan modificar su conducta por el solo hecho de saberse observados.

D) El propio observador y sus receptores sensoriales suponen los dispositivos de registro más importantes en el proceso observacional, ya que en la mayoría de lo casos, él es el que recibe, selecciona, codifica y analiza la información.

 

122.- De los siguientes instrumentos de evaluación psicológica, ¿cuál no está especialmente indicado para la evaluación de la peligrosidad y probabilidad de reincidencia de una persona?:

A) VRAG de Harris.

B) PCL-R de Hare.

C) HCR-20 de Webstert.

D) WAIS-III de Wechsler.

 

123.- La “Asertividad” como Habilidad Social permite:

A) Expresar lo que se piensa, lo que se siente y las creencias que se tienen en forma adecuada al medio y en ausencia de ansiedad.

B) Negar los derechos y los sentimientos de los demás mediante conductas que molestan y dañan y que hacen brotar en ellos respuestas de defensa.

C) Ponernos en el lugar del otro.

D) No hacer valer ni mostrar los intereses propios ni los sentimientos particulares.

 

124.- En el entrenamiento de habilidades sociales no es habitual el empleo de técnicas como:

A) El ensayo de conducta.

B) El modelado.

C) Las instrucciones.

D) El tiempo fuera.

 

125.- En el condicionamiento operante, emitir una conducta deseable aprendida que impide la aparición de un estímulo aversivo preseleccionado se denomina:

A) Aprendizaje de evitación.

B) Aprendizaje de escape.

C) Precondicionamiento clásico.

D) Aversión aprendida.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, LAS TRES PREGUNTAS SIGUIENTES (126-128), SERÁN VALORADAS EN EL CASO DE QUE SE ANULE ALGUNA DE LAS 125 PREGUNTAS ANTERIORES

 

126.- En el Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Yemen, en su artículo 4, no está prevista entre las condiciones para el traslado una de las siguientes:

A) Que el condenado haya cumplido con el pago de multas, gastos de justicia, reparación civil o condena pecuniaria de toda índole que estén a su cargo conforme a lo dispuesto en la sentencia condenatoria, o que garantice su pago a satisfacción del Estado de Condena, a menos que la persona condenada haya sido declarada insolvente.

B) Que la duración de la condena o lo que quede pendiente de cumplimiento en el momento de la presentación de la solicitud, no sea inferior a un año. En casos excepcionales, se podrá convenir un período inferior, que en todo caso deberá ser de al menos 3 meses.

C) Que el condenado dé su consentimiento para su traslado o que, en caso de incapacidad de aquél o minoría de edad, lo preste su representante legal, y que el consentimiento se considere válido en virtud de la legislación vigente del Estado de Condena.

D) Que la condena a cumplirse no sea de pena de muerte.

 

127.- ¿Qué pena le corresponde al que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, ocasionando a este un perjuicio superior a 400 euros?:

A) La de prisión de seis meses a dos años.

B) La de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

C) La de multa de tres a 12 meses.

D) La de multa de dos a cinco años.

 

128.- Contra un acto firme en vía administrativa puede interponerse recurso extraordinario de revisión siempre que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; ¿en qué plazo puede interponerse?:

A) Dentro del plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos.

B) Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

C) Dentro del plazo de tres años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

D) Dentro del plazo de seis meses a contar desde el conocimiento de los documentos.

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